El concurso de acreedores es un mecanismo legal que permite a organizaciones, sociedades y profesionales autónomos afrontar sus compromisos financieros de manera ordenada. Una vez que se solicita dicha herramienta, el proceso queda bajo la supervisión de un juez del Juzgado Mercantil, quien tiene la potestad de paralizar ejecuciones de deuda y puede, en algunos casos, rebajar o aplazar el pago de las mismas.
La Ley Concursal 22/2003 del 9 de julio establece que solo las empresas que "no pueden cumplir regularmente sus obligaciones exigibles" pueden someterse a un concurso de acreedores. Esta definición incluye a muchas compañías que, al no poder satisfacer sus responsabilidades, recurren a préstamos bancarios para mantenerse a flote.
Una organización puede solicitar el concurso de acreedores cuando enfrenta dificultades económicas que anticipan la posibilidad de quiebra. El objetivo es evitar esta situación, permitiendo que los acreedores recuperen su dinero en mayor o menor medida y que la actividad de los trabajadores no se vea interrumpida. La empresa debe estar en situación de insolvencia, es decir, incapaz de cumplir con sus obligaciones con regularidad.
Además, la legislación establece un plazo de dos meses para que el empresario deudor presente la solicitud judicial de concurso desde que conoció o debió conocer su situación de insolvencia. El incumplimiento de este plazo puede acarrear sanciones para los administradores, incluyendo la prohibición de ejercer su cargo de dos a quince años y la obligación de pagar personalmente la totalidad de la deuda de la sociedad.
Este procedimiento consta de cuatro etapas principales:
Es una herramienta que ofrece varias ventajas para las empresas en dificultades. Permite paralizar acciones individuales promovidas por los acreedores, incluyendo ejecuciones hipotecarias y apremios administrativos. Además, facilita acuerdos de refinanciación con condiciones más flexibles, como quitas o reducciones de hasta el 50% de la deuda y aplazamientos de hasta cinco años.
Sin embargo, también conlleva ciertas responsabilidades para los administradores. El incumplimiento de las normas y plazos establecidos por la Ley Concursal puede tener consecuencias graves, incluyendo sanciones y responsabilidades personales.
Si tiene dudas sobre el proceso de concurso de acreedores o necesita asesoramiento, en Lex & Tax contamos con un equipo de abogados especializados en derecho concursal. No dude en ponerte en contacto con nosotros para obtener la orientación que necesita.
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